El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, reveló que tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes para la ordenación del Turismo, se ha solicitado 54 indemnizaciones por parte de particulares por asuntos relacionado con la clasificación del suelo, que suponen 601 millones de euros.
El consejero, en una comparecencia sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de turismo, explicó que de las 54 peticiones; 25 se han producido en Gran Canaria, 17 en Fuerteventura, 9 en Lanzarote y 3 en Tenerife.
"De las 54 peticiones de indemnización, 25 corresponden a un mismo propietario", subrayó.
El consejero recordó que cuando se presentó la Ley de Medidas Urgentes, aprobada en mayo de 2008, había que corregir imprecisiones sobre los derechos adquiridos de los particulares y por ello se necesitaba adoptar cautelas jurídicas.
Berriel señaló que con la nueva Ley se han adoptado medidas temporales, lo que no ocurrió con la conocida como Ley de Moratoria.
Informó que a pesar de las nuevas peticiones de indemnización, en muchos casos se han inadmitido "de raíz", porque ya han sido juzgadas con anterioridad.
"El artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes introduce cautelas necesarias para evitar indemnizaciones, como la temporalidad, que ahora es de tres años", señaló.
Francisco Manuel Fajardo, diputado Socialista, dijo que continua el goteo de informaciones en los medios que hablan de demandas interpuestas a la Comunidad Autónoma por la mencionada Ley, "lo que repercutirá en las arcas públicas de Canarias".
Preguntó al consejero el porqué no se han detallado los nombres de los demandantes y las cantidades exigidas.
"El vicepresidente del Gobierno (José Manuel Soria) ha amenazado con utilizar un plan B, sino pactas conmigo, te expropio, como si esta potestad del Gobierno no tuviera que ser justificada", subrayó.
Miguel Jorge Blanco, diputado Popular, dijo que la Ley de Medidas Urgentes ofrece temporalidad a la suspensión de licencias, y agregó que "hay que hilar muy fino sino queremos vernos en procesos judiciales con nuevas indemnizaciones".
"La Ley invita a los propietarios de suelo a negociar con la Administración", añadió.
José Miguel Barragán, diputado de CC, recordó que cuando se hizo la Ley de Moratoria turística se quería ralentizar el crecimiento de Canarias.
"¿Qué es mejor, levantar la Ley de Moratoria o que se hubieran construido más hoteles y urbanizaciones?", se pregunto Barragán.
"Decidimos tomar decisiones políticas porque las necesitaba el archipiélago; la ventaja de la moratoria es superior a los errores cometidos", añadió.
"La nueva Ley permite, con el artículo 17, dar una salida antes de que todo el mundo vaya a los tribunales, y es una salida negociada, ya que permite al Gobierno negociar con el propietario o expropiar el suelo", aseveró Barragan.
"Las armas están al lado del interés general y habrá que ver caso por caso", añadió.
El consejero, en una comparecencia sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de turismo, explicó que de las 54 peticiones; 25 se han producido en Gran Canaria, 17 en Fuerteventura, 9 en Lanzarote y 3 en Tenerife.
"De las 54 peticiones de indemnización, 25 corresponden a un mismo propietario", subrayó.
El consejero recordó que cuando se presentó la Ley de Medidas Urgentes, aprobada en mayo de 2008, había que corregir imprecisiones sobre los derechos adquiridos de los particulares y por ello se necesitaba adoptar cautelas jurídicas.
Berriel señaló que con la nueva Ley se han adoptado medidas temporales, lo que no ocurrió con la conocida como Ley de Moratoria.
Informó que a pesar de las nuevas peticiones de indemnización, en muchos casos se han inadmitido "de raíz", porque ya han sido juzgadas con anterioridad.
"El artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes introduce cautelas necesarias para evitar indemnizaciones, como la temporalidad, que ahora es de tres años", señaló.
Francisco Manuel Fajardo, diputado Socialista, dijo que continua el goteo de informaciones en los medios que hablan de demandas interpuestas a la Comunidad Autónoma por la mencionada Ley, "lo que repercutirá en las arcas públicas de Canarias".
Preguntó al consejero el porqué no se han detallado los nombres de los demandantes y las cantidades exigidas.
"El vicepresidente del Gobierno (José Manuel Soria) ha amenazado con utilizar un plan B, sino pactas conmigo, te expropio, como si esta potestad del Gobierno no tuviera que ser justificada", subrayó.
Miguel Jorge Blanco, diputado Popular, dijo que la Ley de Medidas Urgentes ofrece temporalidad a la suspensión de licencias, y agregó que "hay que hilar muy fino sino queremos vernos en procesos judiciales con nuevas indemnizaciones".
"La Ley invita a los propietarios de suelo a negociar con la Administración", añadió.
José Miguel Barragán, diputado de CC, recordó que cuando se hizo la Ley de Moratoria turística se quería ralentizar el crecimiento de Canarias.
"¿Qué es mejor, levantar la Ley de Moratoria o que se hubieran construido más hoteles y urbanizaciones?", se pregunto Barragán.
"Decidimos tomar decisiones políticas porque las necesitaba el archipiélago; la ventaja de la moratoria es superior a los errores cometidos", añadió.
"La nueva Ley permite, con el artículo 17, dar una salida antes de que todo el mundo vaya a los tribunales, y es una salida negociada, ya que permite al Gobierno negociar con el propietario o expropiar el suelo", aseveró Barragan.
"Las armas están al lado del interés general y habrá que ver caso por caso", añadió.
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