Déficit democrático

Hace unos días escuché a Santiago Pérez, portavoz socialista en el parlamento canario, hablar de “déficit democrático”. La democracia es una forma de gobierno donde el poder emana del pueblo y por tanto es él quien debe poner las normas que regulen el Estado de derecho. A partir de esta premisa, vengo observando que algo tan fundamental como es la regulación de las actuaciones de quienes nos representan y gestionan nuestro patrimonio, así como las arcas de las instituciones públicas, se han quedado desfasadas y son poco democráticas. Ahora mismo en España hay un debate sobre las actuaciones judiciales en torno a los casos de corrupción denunciados en su mayoría por los propios ciudadanos, algo que suelen olvidar tanto los medios de comunicación como los partidos políticos. Estos últimos acuden con voracidad ante la posibilidad de mermar la credibilidad del partido  político cuyos cargos o militantes están siendo investigados. Casos como los actuales siempre han existido pero es ahora cuando se ha abierto un debate. Es ahora cuando quienes lo utilizaron para mermar políticamente a los socialistas exigen la presunción de inocencia o ven conspiraciones judiciales, cuando años atrás aplaudían al poder judicial y veían a sus adversarios políticos entrar en la cárcel por esas mismas decisiones judiciales que ahora critican y desprestigian. El déficit democrático empieza cuando quienes tienen el deber de defender los poderes del Estado lo ponen en entredicho pero sin usar su derecho constitucional de denunciarlo judicialmente, escudándose en la libertad de expresión, la misma cantinela que no usaron quienes quemaban una bandera española o la foto del rey, siendo por tanto vapuleados en los medios de comunicación y desde el poder político. Lo democrático sería obligar por ley a que ningún cargo electo pueda hablar u opinar sobre las actuaciones judiciales hasta la sentencia y dejar que cada partido actúe libremente ante cualquier imputación con las decisiones que crea conveniente en su estructura de partido. Los ciudadanos ya actuarían según sus convicciones. ¿Cuándo en este país se ha restablecido el honor de aquel ciudadano o ciudadana falsamente inculpado de hechos delictivos,  cuando muchos de los cuales han tenido que dejar su trabajo o su domicilio? Exigir desde la política restablecer el honor de un cargo electo no le exime de pedirlo también para todos aquellos que antes que él lo han visto mermar, incluso durante años, caso del expresidentes de Castilla y León o de exconsejero del cabildo grancanario Carmelo Padrón por poner un ejemplo. Ahora leo que el parlamento de Canarias va a publicar los sueldos de los parlamentarios pero si aparte de su sueldo pueden tener otras ocupaciones. ¿Por qué quienes son nuestros representantes no se obligan a publicar todas aquellas otras actividades remuneradas mientras están en un cargo público ya que según he leído tras una sentencia judicial lo pueden hacer? ¿O bien por el bien común y la dignidad democrática se prohíbe tener cualquier otra remuneración aparte de la del cargo que se ocupe en un gobierno? Llevamos años viendo como no siempre la mayoría es la que gobierna en este país. Los pactos son legales y democráticos pero ¿no es un déficit democrático que un electo se pase al grupo mixto dejando en minoría al grupo de gobierno? Generalmente cuando este hecho deleznable pero legal ocurre, va aparejado con el díscolo concejal decidiendo la política municipal, variando el equilibrio de poder y sobre todo con mayor poder municipal para el causante de este sí déficit democrático”. Sin embargo nadie desde el poder político ha intentado reparar tal estropicio cuando se puede cambiar la ley si se quisiera, quizás porque no interesa solo tengamos un pacto nacional antitransfuguismo que nadie cumple y solo sirve para que se tiren de las orejas cuando tal barbaridad  sucede. Por último quiero referirme a determinadas actuaciones políticas a la hora de tomar decisiones como la de poner un tren, puertos, planificación urbanísticas, proyecto de futuro etc… ¿Cómo un grupo de gobierno puede tomar tal decisión sin contar con todas las fuerzas políticas además de la de otras fuerzas vivas de un municipio, isla, provincia… cuando en pocos años la elecciones le pueden dejar en minoría y dejar dichos planes en el olvido o con un coste elevado por las obras ya realizadas? Lo mismo digo  las licitaciones de obras. Unas veces se hacen de una manera y otras al contrario, incluso ya hemos visto como para darlas a dedo se van haciendo las obras a trozos y siempre a la misma empresa, pero al no presupuestarse por encima de una cantidad que le obligue al grupo de gobierno a hacer una licitación pública siempre se podrá dar a quien el político de turno crea más conveniente. Lo mismo podríamos decir de la decisión de un gobierno de permitir o no a la oposición estar en las mesas de contratación. ¿Quién se cree tener derecho a marginar o impedir que legítimos representantes del pueblo tengan acceso a tomas de decisiones vitales para la vida de los ciudadanos y ciudadanas? También entiendo que no debe ser la clase política quien diga qué hay que hacer con aquellos que han dejado de ser ministros o consejeros, pues el dinero que manejan no es suyo y como tales no deben disponer sobre ellos. En principio estoy de acuerdo con ayudar a quienes la ciudadanía mantuvo en sus cargos varios años y procediendo de la privada puedan tener problemas para continuar con su trabajo, pero no se puede generalizar como ya vemos se ha intentado desde el gobierno de Canarias y ahora desde el cabildo grancanario. Me gustaría que alguna vez se tenga en cuenta también la dignidad de las personas no sólo de quienes se dedican a la política y a las que desde los medios de comunicación o su partido se exige restablecer su honor al ser declarado inocente. Todos y todas tenemos también derecho a que se mantenga nuestro honor y dignidad, algo que hacemos cuando por ejemplo votamos aunque sea en blanco o cuando no acudimos a las votaciones dejando que otros decidan por nosotros. El déficit democrático es algo que a todos nos debería hacer pensar por encima de los partidos políticos. Los casos a los que me he referido a lo largo de este artículo no llevaron a una actitud política más bien al uso de la grandilocuencia: “somos transparentes” “todo imputado será sancionado de militancia”… pero nadie ha cumplido con sus más importantes deberes: defender la democracia ante los “políticos pillos”, dar dignidad al voto ciudadano y hacer de las instituciones dignas representantes de la voz popular.

Juan M. Betancor León