Los afectados de El Tablero denuncian al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como causante de las irregularidades jurídico administrativas que mantiene desde 1993 al polígono, denominado T-1, sin urbanizar y por lo que consideran una dejación en la obligación de subsanar el problema.
Para los 52 propietarios afectados, que se manifestaron ante las dependencias judiciales, el consistorio sureño es el responsable directo de la situación de limbo jurídico que les afecta por los errores administrativos realizados en el convenio de urbanización de sus propiedades. Por lo tanto manifiestan que si el fiscal de Medio Ambiente y Ordenación Territorial lo estima oportuno podría iniciar un proceso judicial por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y la omisión del deber de perseguir delitos. Además los vecinos estiman que las indemnizaciones, por daños y perjuicios a los propietarios, sobre la 145 parcelas, podrían superar los 20 millones de euros, informó La Provincia.
"Nosotros estamos cansados de acudir a la administración local para que nos den una solución y recibir un pasotismo tremendo en cuanto a la solución de un problema que ellos han creado, por eso nos vemos obligados a denunciarlo ante la fiscalía", declara Miguel Peña, presidente de la asociación de los vecinos afectados.
"Pretendemos que se aplique la ley por igual", explica uno de los vecinos y añade: "Desde las instituciones se ha procurado que los servicios del pueblo, como la iglesia, el pabellón, el colegio, la guardería, la escuela oficial de idiomas y la pública estén sin problemas, mientras que no se regularizan nuestras posesiones". Desde 2002 empezaron los juicios y las denuncias. Algunos afectados dicen tener, años después, el solar intacto, mientras que a otros se les paralizaron las obras. Muchos han tenido que pagar alquileres y los créditos para comprar los terrenos. "A algunos de nosotros primero se nos dio una licencia y después se nos cerró o se nos denunció. La gente está a la espera de las apelaciones a ver si no tienen que pagar las multas", lamenta un vecino.
Para los 52 propietarios afectados, que se manifestaron ante las dependencias judiciales, el consistorio sureño es el responsable directo de la situación de limbo jurídico que les afecta por los errores administrativos realizados en el convenio de urbanización de sus propiedades. Por lo tanto manifiestan que si el fiscal de Medio Ambiente y Ordenación Territorial lo estima oportuno podría iniciar un proceso judicial por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y la omisión del deber de perseguir delitos. Además los vecinos estiman que las indemnizaciones, por daños y perjuicios a los propietarios, sobre la 145 parcelas, podrían superar los 20 millones de euros, informó La Provincia.
"Nosotros estamos cansados de acudir a la administración local para que nos den una solución y recibir un pasotismo tremendo en cuanto a la solución de un problema que ellos han creado, por eso nos vemos obligados a denunciarlo ante la fiscalía", declara Miguel Peña, presidente de la asociación de los vecinos afectados.
"Pretendemos que se aplique la ley por igual", explica uno de los vecinos y añade: "Desde las instituciones se ha procurado que los servicios del pueblo, como la iglesia, el pabellón, el colegio, la guardería, la escuela oficial de idiomas y la pública estén sin problemas, mientras que no se regularizan nuestras posesiones". Desde 2002 empezaron los juicios y las denuncias. Algunos afectados dicen tener, años después, el solar intacto, mientras que a otros se les paralizaron las obras. Muchos han tenido que pagar alquileres y los créditos para comprar los terrenos. "A algunos de nosotros primero se nos dio una licencia y después se nos cerró o se nos denunció. La gente está a la espera de las apelaciones a ver si no tienen que pagar las multas", lamenta un vecino.
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