El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, participó esta mañana en la inauguración de un seminario sobre la 'Problemática actual de la inmigración comunitaria y no comunitaria, sus aspectos civiles, penales, contecioso-administrativos y laborales'.
José Miguel Ruano afirmó "que la Unión Europea debe tomar como referencia, a la hora de legislar en materia de inmigración, sus principios fundacionales: libertad, seguridad jurídica e integración social". Además, el consejero recordó que la Unión Europea carece de una política común en materia inmigratoria. En este sentido, se refirió a la Directiva de 2008, "que es, a juicio del Gobierno de Canarias, la expresión normativa de la improvisación y mala gestión de políticas de estados que se suman y se articulan de un modo laxo, y que permiten regímenes diversos en el tratamiento de la inmigración clandestina, incluso de su penalización".
Por su parte Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y codirector de este seminario, alabó el esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Canarias "en relación a los menores inmigrantes, frente al comportamiento de otras comunidades autónomas que no están siendo solidarias".
Asimismo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Félix Anzón Vilas destacó que para el Consejo, la inmigración es uno de los aspectos centrales en los que se centra su política formativa porque "no sólo debemos enseñar a aplicar la Ley sino que también a ser conscientes de los problemas sociales que genera este fenómeno".
La organización del seminario se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias, para la creación de un foro de estudios sobre la inmigración en nuestra Comunidad Autónoma.
José Miguel Ruano afirmó "que la Unión Europea debe tomar como referencia, a la hora de legislar en materia de inmigración, sus principios fundacionales: libertad, seguridad jurídica e integración social". Además, el consejero recordó que la Unión Europea carece de una política común en materia inmigratoria. En este sentido, se refirió a la Directiva de 2008, "que es, a juicio del Gobierno de Canarias, la expresión normativa de la improvisación y mala gestión de políticas de estados que se suman y se articulan de un modo laxo, y que permiten regímenes diversos en el tratamiento de la inmigración clandestina, incluso de su penalización".
Por su parte Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y codirector de este seminario, alabó el esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Canarias "en relación a los menores inmigrantes, frente al comportamiento de otras comunidades autónomas que no están siendo solidarias".
Asimismo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Félix Anzón Vilas destacó que para el Consejo, la inmigración es uno de los aspectos centrales en los que se centra su política formativa porque "no sólo debemos enseñar a aplicar la Ley sino que también a ser conscientes de los problemas sociales que genera este fenómeno".
La organización del seminario se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias, para la creación de un foro de estudios sobre la inmigración en nuestra Comunidad Autónoma.
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