
La primera teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, se mostró partidaria de que los propietarios de locales del Anexo II de Playa del Inglés perciban una compensación económica o en un espacio físico a pie de playa ante la decisión de Costas en eliminar el centro comercial.
Narváez, quien dio ser "objetiva e imparcial" indicó que en las reuniones mantenidas con el gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística, José Fernández, y algunos afectados, "se les ha asegurado una indemnización económica".
Una afirmación contraria a la que argumentan la mayoría de los titulares de la zona quienes mantienen que Costas no les ha propuesto una negociación, en un proceso del cual se enteraron a través de una notificación de cambio de titularidad desde el Registro de la Propiedad.
"Entiendo que tienen derecho y debe pagárseles lo que les pertenece", subrayó Narváez, quien considera que se deben analizar las opciones de futuro ya que algunos querrán una indemnización económica, mientras otros prefieren situarse a pie de playa en una nueva instalación próxima a ladera y que no impacte con el espacio dunar.
Por otra parte, Narváez, recordó el estado de deterioro en el que se encuentra el Anexo II donde "todos somos culpables, tanto la administración pública como los empresarios de la zona".
En este sentido, lamentó que la Demarcación de Costas no haya permitido que se actúe en la zona durante los últimos años.
"Llevamos muchos años y lo hemos reiterado una vez más recientemente", sin embargo la contestación de Costas es negativa ante cualquier actuación o intervención del Ayuntamiento.
En su opinión, esta actitud "no es positiva" ya que, independientemente de "otras batallas" la zona no es apta para visitarla y cada vez está más deteriorada.
"Costas nos tendría que haber permitido mejorar la zona" de hecho cuando se ha pedido colaboración económica a otras administraciones se han propuesto actuaciones importantes en el Anexo II, sin embargo Costas deniega cualquier intervención.
"Quizás Costas crea que al permitir actuaciones en la zona pueda interpretarse como un reconocimiento de los derechos de los propietarios de las parcelas de la zona", cuestionó la edil.
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