Exigen que se mantenga la actual estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial
Unos 200 jueces, fiscales, abogados y
funcionarios se han concentrado en la sede del Palacio de Justicia
de Las Palmas de Gran Canaria para rechazar de nuevo la Ley de Tasas
judiciales que pretende aplicar el Gobierno central y la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
La protesta, convocada por la
comisión interasociativa de jueces y fiscales en toda España y apoyada
por el Colegio de Abogados de Las Palmas y la Plataforma Ciudadana por
una Justicia para todos, es una más de las convocadas por estos
colectivos contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, cuya dimisión ha sido solicitada por letrados y
funcionarios.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del
Río, y el juez decano de Las Palmas, Javier García García-Sotoca, han
dado lectura al manifiesto elaborado por la comisión interasociativa de
jueces y fiscales y han exigido la retirada "inmediata" del proyecto de
ley de reforma de la LOPJ por "perjudicar la calidad de la Justicia".
En su manifiesto exigen que se mantenga la actual estructura y
competencias del Consejo General del Poder Judicial, que se potencia el
Consejo Fiscal, y rechazan cualquier modificación que "mine la
independencia e imparcialidad del Poder Judicial".
Además,
reclaman autonomía presupuestaria para el CGPJ y la Fiscalía General del
Estado para garantizar su independencia y eficacia, así como que se
incrementen el número de jueces y fiscales para alcanzar la media
europea, entre otras reivindicaciones.
El juez decano de Las
Palmas, en declaraciones a los periodistas, ha rechazado que la protesta
de los jueces contra la reforma responda a una postura "corporativista"
como ha manifestado el ministro de Justicia, algo que atribuyen al
desconocimiento o a una equivocación.
Ni los jueces ni los
fiscales son una "corporación, sino poderes del Estado", ha afirmado
García, quien además ha querido aclarar en cuanto a la Ley de Tasas que
los jueces defienden su pago, pero con un sentido pedagógico y no para
impedir el acceso a la Justicia, y que se apliquen al concluir el
procedimiento y no antes.
García ha dicho que la reforma que
precisa la Justicia requiere de la dotación de medios personales y
materiales por las cargas de trabajo existentes, "inasumibles" con los
medios y estructuras del siglo XIX de los que disponen, y con sistemas
informáticos sin conexiones que ha calificado de "tercermundistas".
La plataforma ciudadana también ha hecho lectura de un manifiesto en
el que pedía una "Justicia para todos" y "accesible, transparente y
responsable", mientras que el colectivo de abogados de oficio han
expresado su rechazo a las nuevas tasas judiciales y al anteproyecto de
Ley de Justicia Gratuita.