Reclama, por otra parte, que el Gobierno del Estado “certifique su compromiso con un derecho fundamental que nos corresponde por nuestra lejanía e insularidad”.

La moción también propone que “entre en vigor cuanto antes el Sistema de Acreditación de Residencia Automatizado, vía telemática, para suprimir la obligatoriedad de presentar el certificado de residente para poder viajar.

CC invita que se sumen a esta iniciativa el Gobierno de Canarias, la FECAM, la FECAI, los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Canarias, del Congreso y del Senado, las organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio, las organizaciones sindicales y las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

“Tampoco estaba sobre la mesa la subida del IVA”

Con respecto a las declaraciones realizadas por el PP de Canarias en las que asegura que “eliminar el descuento por residente no está sobre la mesa”, la organización nacionalista recuerda a los populares “que en estos meses el PP dijo que no estaba sobre la mesa subir el IRPF y tampoco 'estaba sobre la mesa' incrementar el IVA, además de otras promesas incumplidas”.

CC apunta, por otra parte, que las declaraciones realizadas por el senador de Burgos –que defendió la moción el pasado jueves- en las que señala que “no hay intención de eliminar el descuento”, suponen una “ofensa a la inteligencia de los canarios porque, de lo contrario, no se entiende la iniciativa aporbada en la Cámara Alta, en la que abren la puerta a un recorte de la subvención”.

El pleno del Senado aprobó el pasado jueves una moción en la que insta al Gobierno del Estado a “mantener, siempre que sea compatible con la disponibilidad presupuestaria, el régimen de bonificaciones a los billetes de avión de los residentes”.

La iniciativa del Partido Popular sólo contó con el apoyo de dicha fuerza política y la oposición en bloque del resto de los grupos parlamentarios.

El texto aprobado por la Cámara Alta difiere de lo que se establece en la disposición adicional septuagésima segunda de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 en la que se indica que los cambios que se acometan “nunca podrán suponer una disminución de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad del servicio”.