Los nacionalistas defienden que la ley que propone el PP "avanza hacia la centralización y hacia la privatización de servicios a los que solo podrán acceder quienes puedan pagárselo"

"La eliminación de las escuelas infantiles y de música serán algunas de las consecuencias de la reforma de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) que lleva a cabo el Partido Popular, puesto que, tal como está planteada por ahora, restará competencias a los ayuntamientos y limitará sus funciones y prestaciones", así lo asegura Nueva Canarias (NC) en un comunicado.

La formación política advierte que esta ley, “que es una contrarreforma”, avanza "hacia la privatización de servicios a los que solo podrán acceder quien pueda pagárselos y denuncia que el PP pretende un mayor centralismo porque de hecho el borrador ha eliminado del articulado el principio vigente de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos, cambiándolo por el de sostenibilidad financiera y sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria".

NC recuerda que "la contrarreforma de las administraciones locales ha sido una demanda de los propios ayuntamientos que han exigido una redefinición de las competencias y una adecuada financiación de estas". Sin embargo, la propuesta del Partido Popular "no atiende ni a las necesidades de los ayuntamientos ni de los ciudadanos, sino a su obsesión por los ajustes aunque ello suponga una involución que tendrá consecuencias sobre la calidad de vida, el empleo y los bolsillos de los ciudadanos".

Para Nueva Canarias "el ahorro no puede ser la justificación de una ley que debe ser reformada después de estudiar con rigor las competencias y servicios que prestan los ayuntamientos, identificando los problemas vinculados a la duplicidad y la concurrencia y redefiniendo las competencias, los servicios en función de la demanda ciudadana y los recursos financieros para prestarlas".

La organización nacionalista está de acuerdo con la posición de la Fecam respecto a que esta ley debe tener un apartado canario puesto que el borrador no reconoce la singularidad administrativa del Archipiélago. No se reconoce a los cabildos insulares como administraciones propios de Canarias, por ejemplo. Además, NC señala que en las Islas el número de administraciones locales no es excesivo, puesto que hay una ayuntamiento por cada 24.000 habitantes, mientras que en la Península hay uno cada 5.000.