¿Para qué sirve realmente el Diputado del Común?

Uno de los síntomas que produce la degeneración social, impulsada consciente o inconscientemente por la casta política sin preparación, cuando no analfabeta funcional, pero con ambición temeraria y ganas de pastar para  siempre jamás en el pesebre de los dineros públicos, es la utilización de medias verdades o directamente mentiras para intentar salvar sus patéticas imágenes.  Lo hacen, y eso es lo tragicómico, sabiéndose aforados o impunes, pues son conscientes de que “perro no come perro”  y de que sus colegas, tan empleados y subordinados como ellos mismos en los aparatos de los partidos políticos, taparán sus desvergüenzas permitiendo, a lo sumo, un paripé de teatral rasgado de vestiduras.  En ejemplo de esta semana es la increíble, pero cierta, Comisión de Investigación sobre el robo descarado de fondos públicos en algunos ERE de Andalucía por más de mil millones de euros.  

Con gesto humilde de limosnero franciscano se aprueban sueldos y complementos salariales escandalosos vía, por ejemplo, de nombramientos para comisiones y consejos de administración.  Lo cobran, fingiendo que hacen un favor a los contribuyentes, personas sin la menor preparación cultural y técnica para la gestión de los dineros públicos, pero con depurada habilidad para asestar puñaladas traperas mientras sonríen trepando en sus organizaciones.  Justifican sus elevados ingresos por la responsabilidad que, proclaman, asumen. Pero son muy contados los casos en que tras un escándalo, no siempre debidamente judicializado con la ejemplaridad y celeridad precisas, dimiten (si la persona conserva su dignidad, o es cesado si la olvidó) y devuelvan lo malversado o dilapidado.  Ni ellos, ni la corte de aduladores y asesores de la que se rodean con cargo a usted y a mí.

En Canarias, como en el resto de las autonomías, se han inventado cementerios de elefantes donde aparcar a políticos de cierto relumbrón en su momento, pero que deberían ser conscientes de que su tiempo para seguir cobrando del erario ha pasado y que probablemente les sea de aplicación sin paliativos el principio formulado por el catedrático americano Laurence J. Peter: “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia: la nata sube hasta cortarse”.   Con frecuencia olvidan que la sociedad no les debe nada, aunque ellos así lo crean, que pudieron hacer lo que se auto atribuyen por un cúmulo de circunstancias, por el proverbial adormecimiento de la sociedad civil y el sestear de jueces y fiscales a la espera de que alguien les “excite el celo”, cuando en buena ley deberían llegar a sus cargos y responsabilidades con el celo suficientemente excitado.  

Estaría bien que alguien, preferiblemente que no fuera un político en activo explicara, con certeza y no con demagogia populista barata, valga la redundancia, para qué sirve realmente el Diputado del Común, estrenando nuevo edificio y con decenas de personas bajo su dirección y a nuestro cargo y sobrecarga.  La web de esta institución está repleta de noticias sobre visitas protocolarias a los ayuntamientos canarios, pero no de actividades que realmente repercutan en los ciudadanos, que debieran disponer de un cauce administrativo o judicial sin intermediarios no ejecutivos.  El encabezamiento de sus decisiones suele ser “Resolución por la que se le sugiere al…” (Cabildo, ayuntamiento o institución pública).   Pero el ciudadano no necesita sugerencias, precisa soluciones rápidas y ajustadas a derecho que sólo pueden dárselas los tribunales o el sentido común, no el “Disputado” del Común.  Por eso, creo sinceramente, que no se necesita un sugeridor pagado por todos, eso ya lo hacen los medios de comunicación y directamente los ciudadanos, por cierto, sin coste económico adicional.