La decisión de cerrar las escuelas infantiles municipales empieza a generar consecuencias. Era un secreto a voces, por mucho que el concejal del área, Roberto Martel, disimulara con la unificación del servicio de comedor cuando conocía su cierre. Antes que nada les ponemos en antecedentes. En ese mismo sentido se pronunció el propio alcalde, precisamente el pasado 28 de junio (hace poco más de un mes) en un encuentro digital con el periódico La Provincia donde afirmó que “el Ayuntamiento no tiene ninguna intención de cerrarlas, sino de mejorarlas. De hecho barajamos un proyecto para unificar muy pronto el servicio de cocina y comedor que actualmente se está llevando a cabo de manera individual en cada una de las tres Escuelas. Eso nos permitirá ahorrar costes y mejorar la calidad del servicio”. Este martes, el alcalde convocó una improvisaba asamblea con los trabajadores municipales para explicarles con power point incluido en la Casa de la Cultura, la dramática situación por la que atraviesan los presupuestos municipales pendientes aún de aprobación. La popular Ley de Transparencia es la excusa perfecta para llevar a cabo las acciones impopulares y tiene cogido por la esfera del pánico a nuestros dirigentes, entre otros motivos porque los fallos se pagan ahora con cárcel, y la estabilidad presupuestaria empieza a ser una tarea seria, cuentan. La decisión del Gobierno de Canarias de suprimir las subvenciones para las escuelas infantiles y los escasos recursos municipales han motivado esta decisión. Entre las posibles salidas, el gobierno no descarta la privatización de las escuelas y por eso, quizás, estos meses se ha notado la presencia de varias empresas que podrían resultar posibles adjudicatarias del servicio. Para los trabajadores, esta medida afecta como siempre a un servicio primordial que se realiza durante los últimos veinte años y se preguntan por qué no recortan por otro lado, por ejemplo entre los cargos de confianza u otros servicios superfluos que todos conocemos.