La trama desarticulada se dedicaba a presentar falsas ofertas de trabajo para ciudadanos extranjeros desde sus países de origen a Gran Canaria

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 48 personas por favorecer la inmigración ilegal y falsificar documentación para, posteriormente, regularizar fraudulentamente la residencia en España de ciudadanos de distintas nacionalidades. La investigación comenzó a finales de 2011, cuando los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas tuvieron constancia de que un asesor fiscal, junto con sus empleados y utilizando su despacho ubicado en un barrio de la capital, se dedicaba a presentar falsas ofertas de trabajo para favorecer la inmigración irregular de ciudadanos extranjeros desde sus países de origen a Gran Canaria. Además, también cobraba a los extranjeros que querían regularizar su estancia en España por el aduciado arraigo social.

El procedimiento utilizado tenía una doble vertiente; por un lado regularizaba a extranjeros que se encontraban ya en España y por otro favorecía la entrada en el país de ciudadanos extranjeros que se encontraban en su país de origen.

Los detenidos, tras cobrar al extranjero un adelanto de la cantidad convenida, que oscilaba entre los 1.000 y 7.000 euros, se encargaban de presentar en Delegación del Gobierno una solicitud de regularización por el proceso de “arraigo”, el cual exige, entre otros requisitos, contar con una oferta de empleo.

Tras realizar las correspondientes investigaciones, los funcionarios policiales averiguaron que las ofertas de empleo presentadas venían propuestas por familiares del asesor fiscal, cómplices del mismo, así como de otros clientes de la gestoría, que eran ajenos al fraude que se estaba cometiendo.

La organización utilizaba los datos fiscales y demás documentación de los clientes de la gestoría para tramitar los contratos haciéndolas pasar por personas interesadas en contratar ciudadanos extranjeros como empleados de hogar en sus domicilios. Cuando los clientes de la asesoría no alcanzaban el mínimo para amparar una oferta de empleo, manipulaban nóminas y declaraciones de la renta para poder aparentar solvencia suficiente.

Durante la investigación, los policías comprobaron que algunos clientes de la gestoría tenían dos o más empleados de hogar sin su conocimiento o de múltiples personas que solo han estado dadas de alta en la Seguridad Social durante un día, cuando la oferta de trabajo para venir a España era de un compromiso de, al menos, un año o indefinido.

Una vez conseguida la regularización, el dueño de la gestoría indicaba a los extranjeros que tenían que buscarse un trabajo legal en España. En caso de no conseguir ningún trabajo y querer seguir cotizando a la Seguridad Social, tenían que pagar cantidades de entre 150 y 225 euros.

El responsable de esta organización se vanagloriaba de “conseguir papeles a cualquiera”, aumentando el número de extranjeros que acudían a su despacho. Contaba con una red de colaboradores para captar posibles extranjeros ilegales a los que regularizaba fraudulentamente su residencia en el país.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó ingreso en prisión del responsable de la organización.