El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio por el que se aprueba las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad es claro al respecto, la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre alcanza todos los cargos públicos

Incluso alcaldes de la península que se han sumado a la iniciativa han reconocido que, “si bien no hace ninguna referencia a los cargos políticos de la Administración Local -y sí a los empleados públicos y a los altos cargos políticos del Gobierno-, entendemos que si se impone esta medida a todo el personal retribuido por las administraciones, nosotros no vamos a ser menos”.

Las medidas, sujetas a interpretación, "suponen un sacrificio de especial intensidad para todos aquellos que perciben retribuciones con cargo a los recursos públicos", según el confuso decreto, por lo que se interpreta la aplicación a concejales y consejeros, tal y como reconocen algunas corporaciones de la isla que han preferido no entrar en la “fiesta del ridículo”.

La voluntad del legislador, añade el decreto ley, es que se impulsen todos los mecanismos legales existentes para permitir la extensión de las citada medidas tanto a diputados y senadores, como al personal de otros órganos constitucionales, aplicando, en su caso, y cuando sea necesario, la normativa reguladora de los mismos en materia de retribuciones.

Para los sindicatos consultados por La Expresión, el texto se ha redactado de manera ambigua aunque los informes jurídicos que manejan resaltan la participación de todos los que obtengan un sueldo de la Administración.

La mayoría de las corporaciones gobernadas por el PP en la isla anunciaron la supresión de la paga de Navidad de sus dirigentes como un gesto  de “responsabilidad” ante los recortes.

Ayuntamientos como el de Telde, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, e incluso, el propio Cabildo de Gran Canaria, en un intento por ofrecer una imagen consecuente con la austeridad, se lanzaron al vacío para presumir de su renuncia a la paga navideña, como si de un gesto voluntario y solidario con los funcionarios se tratara.

Coyuntura

Por otro lado, parte de estas medidas tiene carácter temporal o está prevista su aplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual que afecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas o a que razones de interés público hicieran necesaria su aplicación en el futuro, según el documento que se encuentra en el periodo de exposición pública.

Además, las cantidades derivadas de esa supresión no serán de manera permanente ya que podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.