Pérez mostró su indignación al considerar que “no se le puede exigir a Canarias que cada décima del porcentaje de reducción de su déficit signifique 41 millones de euros menos para sanidad y educación”.

El vicepresidente afirmó que “Canarias respetará la Ley, aún cuando esto significa 170 millones de euros menos para los servicios públicos” y no dudó al responder cuál sería el margen de maniobra de Canarias con el nuevo plan de déficit presupuestario; “el único margen que nos deja el Gobierno es eliminar los servicios públicos de sanidad y educación”, concluyó.