Asegura a Franquis que "la explotación racional" es "perfectamente compatible con el turismo" y que su "objetivo absolutamente prioritario" es "garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente"
El Gobierno de España ha
respondido al diputado socialista por Las Palmas, Sebastián Franquis,
que los permisos de investigación de hidrocarburos concedidos a Repsol
en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote "habilitan a su titular
para investigar el subsuelo de la superficie otorgada, pero nunca
constituyen una autorización de explotación, que se correspondería con
una fase posterior, previo otorgamiento de una concesión de explotación
de hidrocarburos".
"No se ha concedido a Repsol autorización alguna para desarrollar
trabajos sobre el terreno", insiste el Gobierno en sus respuestas al
diputado del PSOE, porque, reitera, la concesión a la multinacional es
sólo para investigar si hay o no recursos y que esos permisos también se
someterán a estudios de impacto ambiental. Los permisos "no presuponen
una autorización para la explotación comercial" en el caso de que se
encontrara petróleo o gas, reitera el Gobierno, que sí admite que "si
los resultados son positivos, los titulares de los permisos de
investigación -Repsol- tendrá que solicitar una concesión de explotación
presentando un plan con los trabajos previstos y el método y la
tecnología a utilizar".
A preguntas de Franquis, el Gobierno responde por escrito que "aunque
los permisos de investigación confieren a su titular el derecho en
exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos dentro del área
otorgada, no son en ningún caso una autorización automática de ningún
tipo de trabajo, por lo que para cada trabajo específico se necesita
obtener, con carácter previo, la corresondiente autorización
administrativa que se someterá al trámite medioambiental que proceda".
"En el seno de dicha evaluación -continúa el Gobierno- el órgano
ambiental analiza las características de la actuación y solicita
informes de público interesado con el objeto de tener una visión
completa de todos los agentes con competencias e intereses
involucrados".
Una vez desarrollado el procedimiento, el Gobierno español asegura que
"se establecen cuantas prohibiciones, limitaciones y prohibiciones
resulten necesarias para garantizar la seguridad de las personas y del
medio ambiente, objetivo absolutamente prioritario".
El Ejecutivo de Rajoy insiste, no obstante, en que "son evidentes las
ventajas que la explotación racional y sostenible de nuestros recursos
de hidrocarburos reporta a España, tanto para la seguridad de suministro
energético como por las oportunidades de empleo y riqueza que genera a
nivel local y regional, lo que es perfectamente compatible con el
turismo siempre que haya una preservación medioambiental del entorno".
Sobre el nuevo reglamento comunitario de explotaciones de hidrocarburos,
el Gobierno de España responde a Franquis que "en su propuesta, la
Comisión pretende unificar los criterios aplicados en Europa" y que
"sería erróneo inferir que esta nueva legislación implica la
paralización o suspensión automática de las actitivades afectadas".
A preguntas del diputado socialista sobre el desabastecimiento de agua
desalada en esas islas como consecuencia de un hipotético vertido de
crudo, el Gobierno responde que "la gestión del dominio público
hidráulico, la planificación de los recursos hídricos y el
establecimiento de planes ante una situación de desabastecimiento
corresponden a la comunidad autónoma".
El Gobierno también reitera que la zona de "interés" se encuentra a 60 kilómetros de Fuerteventura aunque reconoce que el punto más cercano de la autorización está a 10
kilómetros de la Isla, así como el más cercano a Lanzarote se encuentra a
10. Además, asegura que el área sobre la que se permite la
investigación no afecta al tráfico marítimo y que las autorizaciones en
el Golfo de Valencia "siguen plenamente vigentes".