La prisión no ha generado problemas, pero tampoco da trabajo al barrio ni se adquieren productos de alimentación en la isla

El próximo sábado se cumple un año de la entrada en funcionamiento de la cárcel de Juan Grande, doce meses en los que no ha habido conflictos, aunque tampoco beneficios para el barrio, asegura el coordinador del Consejo de Vecinos, Javier Guedes.

Guedes explicó que la mayor molestia en la actualidad es el sonido del megáfono al llamar a los presos desde primera hora de la mañana y considera que debería ser bajado, del resto no se ve a visitantes ni presos recién salidos por el barrio, ya que se dirigen directamente a coger la guagua para volver a sus lugares de residencia.

Sin embargo, si temen la puesta en marcha de la depuradora y el emisario construido para dar salida a las aguas residuales de la prisión, que no deja de ser una pequeña ciudad para 2.000 personas, pues estará situada por debajo de la cárcel y por encima del pueblo, justamente “de donde viene el viento”, y con él posiblemente los malos olores.

De los beneficios que también se hablaron durante los meses previos a su construcción, en los que los vecinos protestaron enérgicamente contra la ubicación de esta macrocárcel a las puertas de su población, no ha habido “ninguno”, recalca Guedes, pues ni da trabajo a los vecinos, ni consumen productos locales, ni tan siquiera de la isla, pues el concurso para el suministro de alimentos fue adjudicado a empresas de fuera.

El único beneficio sería que San Bartolomé de Tirajana cobrara 2,7 millones de euros en concepto de impuestos de obras, pero hasta hace pocas semanas no se le había girado al Gobierno del estado su liquidación.

Y si el municipio tiene derecho a su cobro “alguien debería pagar la negligencia”, pues la anterior corporación declinó liquidar el impuesto al considerar que no tenía derecho a su cobro, mientras la mayoría de las cárceles españolas lo han cobrado y así lo entiende el actual gobierno local que aprobó luchar por cobrar este dinero.

Por este motivo, hace pocas semanas giró dicha liquidación a la Sociedad Estatal de Instituciones Penitenciarias, cuyos servicios jurídicos estudian en la actualidad dicha solicitud de cobro mientras el Ayuntamiento espera la respuesta, porque la Sociedad se ha negado a pagar este impuesto a la mayoría de los municipios en los que ha construido cárceles, pero han llevado el caso a los tribunales y los han ganado en su mayoría los ayuntamientos.

Sólo en dos casos de más de veinte ganó el Estado, pero la cárcel de Juan Grande era hasta ahora la única en la que no habían pagado el impuesto por no quererlo el propio ayuntamiento.