San Bartolomé de Tirajana es el único municipio español que decidió no girarle a la Sociedad Estatal de Instituciones y Equipamientos Penitenciarios la liquidación del impuesto de construcciones, si bien el actual consistorio ya ha emitido la orden de cobro

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) ha construido desde su creación 25 centros penitenciarios y todos los ayuntamientos afectados le giraron la liquidación del impuesto de construcciones menos el de San Bartolomé,  según informaron fuentes municipales.

El Estado se ha visto obligado a pagar este impuesto en la mayoría de los centros penitenciarios constuidos por la sociedad salvo en tres, pero el de San Bartolomé de Tirajana es el único caso en el que no se ha cobrado el impuesto, que asciende a 2,6 millones de euros, por propia decisión, ya que los otros casos se debieron a fallos judiciales favorables a la sociedad estatal.

La Sociedad Estatal se negó desde el principio a pagar este impuesto, pero el Ayuntamiento de Soto del Real y sus servicios jurídicos emprendieron una lucha judicial que culminó son una sentencia del Tribunal Supremo favorable al municipio madrileño, pues determinó que aunque el Consejo de Ministros declarara la obra de interés general y modificara así el planeamiento, la Sociedad tenía que abonar el impuesto.

Tras ello, la SIEPSA ha luchado para que en las liquidaciones definitivas no se incluyan determinadas partidas, como es el caso de Segovia, donde trataron de evitar pagar por fontanería, electricidad y servicios de vigilancia, aunque finalmente también perdieron el pleito, detallan las fuentes.

En la mayoría de los casos, como el de Albacásser, en Castellón, pagaron la liquidación inicial sobre el presupuesto de la obra y la definitiva previa visita de comprobación de los técnicos. La cifra fue de gran importancia para este pequeño municipio de 1.500 habitantes.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que ha decidido liquidar este impuesto e iniciar las gestiones necesarias para su cobro, prevé ingresar por este concepto, a tenor de sus informes jurídicos y los antecedentes judiciales, algo más de 2,6 millones de euros.