La Fiscalía ha presentado ante los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por un posible delito de tráfico de influencias contra los cinco integrantes de la mesa de valoración que asesoró al Gobierno canario en el reparto de las licencias de radio en FM convocadas en 2010
La Fiscalía Provincial de Tenerife toma
esta decisión tras comprobar que el 8 de abril de 2011 la mesa de
valoración de ese concurso aprobó unos criterios para puntuar las
distintas ofertas presentadas "que no estaban previstos en las bases
publicadas".
"Por tanto, pudieran haber beneficiado a
sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que, de
haberlas conocido con anterioridad, hubieran modificado sus ofertas,
resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han
concentrado la mayor parte de las licencias", asegura la fiscal de
Delitos Económicos de Tenerife, María Farnés, en su denuncia, fechada el
12 de junio, pero hecha pública hoy.
En consecuencia, el
Ministerio Público pide al Juzgado de Guardia en la capital tinerfeña
que cite a declarar en calidad de imputados en un delito de tráfico de
influencias a los cinco miembros de esa mesa de valoración: Fernando
Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David
Bercedo Toledo y José Luque Brito.
Polémica
El concurso de licencias de
radio en FM ha provocado una intensa polémica entre partidos políticos y
medios de comunicación en Canarias en los últimos meses e incluso ha
generado discrepancias entre las fuerzas políticas que componen el
Gobierno autonómico.
De hecho, los consejeros del PSOE se
salieron de la sala del Consejo de Gobierno el pasado 4 de abril de 2012
y dejaron solos a sus socios de CC cuando se aprobó el decreto que
recoge el reparto de frecuencias, por discrepar de cómo se había seguido
todo este proceso, según ha reconocido públicamente su secretario
general y vicepresidente de la comunidad autónoma, José Miguel Pérez.
Algunas de las empresas que se sienten perjudicadas por ese reparto
de licencias ya han anunciado que recurrirán el concurso ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, pero el caso da ahora un
paso más y será examinado en el orden penal.
La Fiscalía ha
tomado la decisión de llevar este reparto a los juzgados de instrucción
tras haber hecho una investigación preliminar de este expediente a
petición del letrado de Radio El Día, Juan Miguel Munguía Torres, al que
ayer comunicó formalmente que aprecia indicios de delito en el concurso
y presenta denuncia.
Documentos
El Ministerio Público basa sus sospechas
no sólo en nuevos criterios aprobados por la mesa de valoración en
abril de 2011, sino en una serie de documentos aportados este año por
Munguía Torres en una memoria USB, para poner en su conocimiento que
"algunas de las ofertas presentadas han sido creadas con posterioridad a
la fecha de apertura de los sobres (31 de enero de 2011)".
La
Fiscalía pide al juzgado que asuma estas diligencias que solicite al
Gobierno de Canarias el expediente administrativo completo de este
concurso y que tome declaración a dos testigos: al representante legal
de Radio El Día -los denunciantes- y al presidente de Islas Airways y
del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción Cáceres, empresario que
obtuvo varias licencias.
Además, propone que se encargue un
informe pericial para determinar si alguna de las ofertas de las
empresas que finalmente obtuvieron licencia "fueron realizadas con
posterioridad a la fecha en que fueron abiertos los sobres que contenían
las mismas".
Fuentes del Gobierno de Canarias han indicado a
Efe que ni el Ejecutivo ni los miembros de la mesa de valoración tenían
constancia esta mañana de esa denuncia de la Fiscalía.