El grupo municipal de NC, por medio de una moción que llevará al próximo pleno ordinario de este jueves, solicita al gobierno municipal la creación de una comisión de trabajo en la que se fijen criterios de actuación respecto del cobro de los atrasos del IBI, para que quede claro en qué casos se considera que se interrumpe la prescripción y que proteja a los ciudadanos del municipio ante las liquidaciones abusivas que se les están trasladando

“Según hemos sabido, en los últimos meses el Centro de Gestión Catastral está produciendo numerosas altas en el catastro de viviendas de la zona y en paralelo se está girando por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la liquidación por el Impuesto de Viviendas referido, no solo al año actual, sino que se retrotrae a cinco, siete o diez años”, señala un comunicado.

Estas liquidaciones así notificadas consideran que no respetan lo que establece la ley General Tributaria, la cual en sus artículos 66 y 68 establece que tan solo se podrán cobrar los cuatro últimos años anteriores al alta de la vivienda, salvo interrupción y eso es lo que hay que establecer, criterios claros de en qué casos se considera la misma. Según parece la administración local haciéndose valer de cualquier documento acreditativo está cobrando más de lo que establece la ley generando un gran inconveniente a la ciudadanía.

Ante esta situación, los vecinos afectados solo les quedan la posibilidad de presentar un contencioso administrativo contra la administración municipal, con el consiguiente gasto añadido de avales bancarios de la deuda, abogado y procurador, etc, solo para obtener, pasados dos o tres años una sentencia favorable que reconozca lo que el Ayuntamiento, de buena fé puede resolverle en un primer momento.

Este hecho está generando una “gran confusión” entre los vecinos de las zonas afectadas los cuales se ven enfrentados al deseo de contribuir con sus impuestos a la recuperación del municipio y, sin embargo obligados por el propio municipio a pleitear para que la liquidación por los años atrasados sea la de cuatro años y no otra de dudosa legalidad.

La Comisión que Nueva Canaria propone fijará los criterios a aplicar en las liquidaciones practicadas que estén en relación directa  con la realidad del municipio y la información disponible de cada vivienda evitando así el conflicto con los ciudadanos y consiguiendo de paso una mejora en la recaudación municipal y el ahorro de costos judiciales a los ciudadanos afectados.