El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha manifestado este viernes en Arrecife que el Gobierno central “tiene dos varas de medir” respecto a la extracción de petróleo, una en Valencia, donde está en contra y otra en Canarias, donde está a favor. Señaló que el portavoz del PP, Esteban González Pons, habla de riesgo para Ibiza y Valencia por las prospecciones mientras que el ministro Soria “parece desconocer nuestra realidad porque Canarias tiene mayor dependencia del turismo”.

Rivero señaló que en Canarias no va a haber prospecciones sin el consenso del Gobierno de Canarias y de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. Dijo que en este asunto hay tres claves: la primera, el reconocimiento expreso de que si hay petróleo, los recursos son de Canarias “y no se puede permitir que se enriquezca con ellos una multinacional”.

La segunda sería el acuerdo entre las instituciones canarias, y la tercera el esfuerzo del Gobierno español para impulsar la definición de la mediana y reconocer la soberanía de las aguas entre Marruecos y Canarias que aún se desconoce, así como dotar de un mecanismo que termine con esa indefinición.

Respecto a las primeras medidas del Gobierno del Partido Popular, dijo que “han errado de punta a cabo” con tres malas decisiones en 40 días: la eliminación de las tasas aéreas, los permisos para las prospecciones petrolíferas y la eliminación de las primas a las energías renovables, que calificó como “una torpeza que revela un desconocimiento absoluto”. Dijo que las renovables en Canarias aportan sostenibilidad, trabajo y atraen turismo de mayor calidad.

SPANAIR

Sobre el cierre de Spanair, Rivero dijo que se trata de una “noticia horrorosa que nos aleja del continente” y pidió al Gobierno que ponga en marcha medidas que garanticen precios razonables porque en los últimos días se han duplicado y hasta triplicado el precio de los billetes con algunos destinos de la Península.

Rivero señaló que Gobierno puede declarar las líneas como servicio público ya que esa declaración está suspendida desde 1998 y de esa manera podría fijar los precios máximos. Afirmó que el Gobierno de España tiene la obligación de garantizar la cohesión territorial.