La Corporación de San Bartolomé de Tirajana seguirá siendo asesorada jurídicamente -al menos hasta el próximo 10 de junio- por el actual secretario provisional Domingo Arias Rodríguez, y no por el verdadero titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, Marcelino López Peraza.
Esa decisión la tomaron este miércoles en pleno extraordinario diez concejales del pacto gobernante NC-PSOE utilizando el voto doble o de calidad de la alcaldesa María del Pino Torres, ante el empate a 10 con la oposición por la ausencia disculpada desde el día anterior de la concejala de Turismo y portavoz socialista, Concepción Narváez Vega, que a las 11:15 metió sus gafas en el estuche, el estuche en el bolso, cogió sus papeles y se marchó. “Tengo una importante reunión en Las Palmas”, señaló.
El pleno levantó expectativas, tanto que en Tunte se personaron tres patrullas de la Policía Local, algo desacostumbrado si no hay fiesta, revuelo o manifestación, y el propio Marcelino López Peraza, quien le pidió a la alcaldesa que antes de que empezara la sesión hiciera el favor de tomarle posesión bajo “información y advertencia de que los actos administrativos son ejecutivos”. Lo hizo en clara alusión a su nombramiento por resolución del Ministerio de Administraciones Públicas publicado el pasado 10 de marzo en el Boletín Oficial del Estado.
La alcaldesa se negó. Y van tres. Argumentó que si lo hacía incurriría en una supuesta “desobediencia debida” a las resoluciones judiciales vinculadas a la sanción de la Secretaría de Estado de Política Territorial de 2005, que lo inhabilita durante 6 años y 6 meses para ejercer el cargo de fedatario público. Marcelino aduce que de esa sanción no tiene constancia y esgrime para avalarlo una certificación de 2008 firmada por la ex alcaldesa Narváez, y también a su favor sentencias de distintos órganos judiciales como una a lo Chanel del Central nº 5.
Parodiando al letrado y concejal del PP en el Pleno, Fernando Toribio,” el asunto está tan extremadamente judicializado” que hasta el principal asesor de la alcaldesa, Ismael Rodríguez, proclama que se trata de un “laberinto jurídico”. Para Marcelino López Peraza, sin embargo, “esta gente no sabe dónde se ha metido, ni dónde se están metiendo”. Para que lo sepan, el secretario avisa que les está preparando una nueva querella. En la primera, con las vistas ya celebradas, la alcaldesa Mari Pino Torres es la principal imputada por prevaricación, por haberlo cesado de manera “manifiestamente incompetente”.
En la segunda querella es probable que el secretario introduzca además su derecho al honor. En el pleno la alcaldesa lo llamó “reo” y se ratificó en la expresión pese a la petición de reconsideración, retirada y disculpas que le formuló Toribio “porque hasta la fecha a Marcelino López Peraza no le ha sentenciado y condenado ningún juzgado por acción penal”. Y lo mismo dice el secretario: “no existe ninguna sentencia firme que me aparte del cargo”. El entiende que la alcaldesa debió tomarle posesión en su momento y apartarlo del cargo sólo si esa resolución judicial finalmente se diera, según él “asunto harto improbable”. Lo que sí tiene claro es que todos los asuntos aprobados en pleno desde el 2008 pueden correr el peligro de verse invalidados, aunque él asegura que “no pretende volver a nadie loco”.
Aunque se prolongó durante casi dos horas, el pleno extraordinario del secretario fue una estampa más de otros plenos ordinarios: la alcaldesa lee, la oposición esgrime y Toribio saca afilado brillo a su experiencia parlamentaria para que la primera edil se enerve y pierda los papeles. Calcado. En este, sin embargo, se suscitó una parodia en la que se evidenció la primera amenaza de escarmiento penal que se ha dictado en la era democrática de San Bartolomé de Tirajana. “Hasta aquí hemos llegado”, se revolucionó Fernando Toribio frente a ella. ¿Pero esto qué es, si vengo al pleno y puedo salir de él como…”. Y la alcaldesa mandandolo a callar una vez más y dejando a Pacuco sin turno de palabra “porque estamos en el momento de la votación”.
Se lió porque Torres Melián preguntó al secretario provisional sobre la responsabilidad penal del voto individual en la propuesta que AV formuló al pleno, exigiendo a la alcaldesa que cumpliera con el mandato del Ministerio de Administraciones Públicas y le tomara posesión a López Peraza como secretario general. Para argumentar su pregunta la alcaldesa empleó una documental que incluye un escrito dirigido por el Ayuntamiento al Ministerio con fecha del pasado 23 de marzo, y que por su completo desconocimiento los convocantes del pleno solicitaron que el asunto se dejara finalmente la mesa, y toda esa documental al completo se pusiera en manos de los servicios jurídicos municipales para que informaran al respecto.
Pero en el pleno también hubo política y acusaciones claras, veladas y atravesadas. La alcaldesa arremetió contra los medios de comunicación y culpó a Marco Aurelio de llevar a cabo con este asunto una “campaña de difamación” contra ella, e incluso mostró la fotocopia a color de una foto sacada a un funcionario público, policía, que en sus horas libres repartía propaganda electoral en favor del PP-AV.
Y “sin perder el tono”, Marco Aurelio Pérez contestó: “la realidad es la que es y no otra, y los medios de comunicación se hacen eco de esa realidad”; y añadió que “ser funcionario no impide que cualquier persona profese libremente el ejercicio de afiliarse al partido o sindicato que considere y elija porque afortunadamente la Constitución Española ampara ese derecho a todos los ciudadanos. Yo sé que eso a usted le disgusta porque no se afilian al suyo”.
De la sesión plenaria cabría destacar la contradicción manifiesta entre el argumentario empleado durante todo el pleno por la alcaldesa para justificar el impedimento de toma de posesión del secretario y la evidencia, según el secretario en funciones, de que la administración municipal no es competente para mandar o hacer cumplir sentencias emanadas de órganos judiciales referidas a asuntos extramunicipales.
Y también una sentencia post- sesión de López Peraza, el protagonista de este pleno de laberinto judicial y amenazas: “todo lo que se ha dicho aquí no vale absolutamente para nada”. No quiso pronunciarse sobre una posible impugnación plenaria.
INDEPENDIENTE LIDER DEL SUR DE GRAN CANARIA DESDE 2006. REFERENTE INFORMATIVO, ORIGINAL.
Tienes activado un bloqueador de publicidad
Intentamos presentarte publicidad respectuosa con el lector, que además ayuda a mantener este medio de comunicación y ofrecerte información de calidad.
Por eso te pedimos que nos apoyes y desactives el bloqueador de anuncios. Gracias.
Continuar...
Un pleno de laberinto y amenazas
Jueves, 21 de Abril de 2011
Tiempo de lectura:
La Corporación de San Bartolomé de Tirajana seguirá siendo asesorada jurídicamente -al menos hasta el próximo 10 de junio- por el actual secretario provisional Domingo Arias Rodríguez, y no por el verdadero titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, Marcelino López Peraza.
Esa decisión la tomaron este miércoles en pleno extraordinario diez concejales del pacto gobernante NC-PSOE utilizando el voto doble o de calidad de la alcaldesa María del Pino Torres, ante el empate a 10 con la oposición por la ausencia disculpada desde el día anterior de la concejala de Turismo y portavoz socialista, Concepción Narváez Vega, que a las 11:15 metió sus gafas en el estuche, el estuche en el bolso, cogió sus papeles y se marchó. “Tengo una importante reunión en Las Palmas”, señaló.
El pleno levantó expectativas, tanto que en Tunte se personaron tres patrullas de la Policía Local, algo desacostumbrado si no hay fiesta, revuelo o manifestación, y el propio Marcelino López Peraza, quien le pidió a la alcaldesa que antes de que empezara la sesión hiciera el favor de tomarle posesión bajo “información y advertencia de que los actos administrativos son ejecutivos”. Lo hizo en clara alusión a su nombramiento por resolución del Ministerio de Administraciones Públicas publicado el pasado 10 de marzo en el Boletín Oficial del Estado.
La alcaldesa se negó. Y van tres. Argumentó que si lo hacía incurriría en una supuesta “desobediencia debida” a las resoluciones judiciales vinculadas a la sanción de la Secretaría de Estado de Política Territorial de 2005, que lo inhabilita durante 6 años y 6 meses para ejercer el cargo de fedatario público. Marcelino aduce que de esa sanción no tiene constancia y esgrime para avalarlo una certificación de 2008 firmada por la ex alcaldesa Narváez, y también a su favor sentencias de distintos órganos judiciales como una a lo Chanel del Central nº 5.
Parodiando al letrado y concejal del PP en el Pleno, Fernando Toribio,” el asunto está tan extremadamente judicializado” que hasta el principal asesor de la alcaldesa, Ismael Rodríguez, proclama que se trata de un “laberinto jurídico”. Para Marcelino López Peraza, sin embargo, “esta gente no sabe dónde se ha metido, ni dónde se están metiendo”. Para que lo sepan, el secretario avisa que les está preparando una nueva querella. En la primera, con las vistas ya celebradas, la alcaldesa Mari Pino Torres es la principal imputada por prevaricación, por haberlo cesado de manera “manifiestamente incompetente”.
En la segunda querella es probable que el secretario introduzca además su derecho al honor. En el pleno la alcaldesa lo llamó “reo” y se ratificó en la expresión pese a la petición de reconsideración, retirada y disculpas que le formuló Toribio “porque hasta la fecha a Marcelino López Peraza no le ha sentenciado y condenado ningún juzgado por acción penal”. Y lo mismo dice el secretario: “no existe ninguna sentencia firme que me aparte del cargo”. El entiende que la alcaldesa debió tomarle posesión en su momento y apartarlo del cargo sólo si esa resolución judicial finalmente se diera, según él “asunto harto improbable”. Lo que sí tiene claro es que todos los asuntos aprobados en pleno desde el 2008 pueden correr el peligro de verse invalidados, aunque él asegura que “no pretende volver a nadie loco”.
Aunque se prolongó durante casi dos horas, el pleno extraordinario del secretario fue una estampa más de otros plenos ordinarios: la alcaldesa lee, la oposición esgrime y Toribio saca afilado brillo a su experiencia parlamentaria para que la primera edil se enerve y pierda los papeles. Calcado. En este, sin embargo, se suscitó una parodia en la que se evidenció la primera amenaza de escarmiento penal que se ha dictado en la era democrática de San Bartolomé de Tirajana. “Hasta aquí hemos llegado”, se revolucionó Fernando Toribio frente a ella. ¿Pero esto qué es, si vengo al pleno y puedo salir de él como…”. Y la alcaldesa mandandolo a callar una vez más y dejando a Pacuco sin turno de palabra “porque estamos en el momento de la votación”.
Se lió porque Torres Melián preguntó al secretario provisional sobre la responsabilidad penal del voto individual en la propuesta que AV formuló al pleno, exigiendo a la alcaldesa que cumpliera con el mandato del Ministerio de Administraciones Públicas y le tomara posesión a López Peraza como secretario general. Para argumentar su pregunta la alcaldesa empleó una documental que incluye un escrito dirigido por el Ayuntamiento al Ministerio con fecha del pasado 23 de marzo, y que por su completo desconocimiento los convocantes del pleno solicitaron que el asunto se dejara finalmente la mesa, y toda esa documental al completo se pusiera en manos de los servicios jurídicos municipales para que informaran al respecto.
Pero en el pleno también hubo política y acusaciones claras, veladas y atravesadas. La alcaldesa arremetió contra los medios de comunicación y culpó a Marco Aurelio de llevar a cabo con este asunto una “campaña de difamación” contra ella, e incluso mostró la fotocopia a color de una foto sacada a un funcionario público, policía, que en sus horas libres repartía propaganda electoral en favor del PP-AV.
Y “sin perder el tono”, Marco Aurelio Pérez contestó: “la realidad es la que es y no otra, y los medios de comunicación se hacen eco de esa realidad”; y añadió que “ser funcionario no impide que cualquier persona profese libremente el ejercicio de afiliarse al partido o sindicato que considere y elija porque afortunadamente la Constitución Española ampara ese derecho a todos los ciudadanos. Yo sé que eso a usted le disgusta porque no se afilian al suyo”.
De la sesión plenaria cabría destacar la contradicción manifiesta entre el argumentario empleado durante todo el pleno por la alcaldesa para justificar el impedimento de toma de posesión del secretario y la evidencia, según el secretario en funciones, de que la administración municipal no es competente para mandar o hacer cumplir sentencias emanadas de órganos judiciales referidas a asuntos extramunicipales.
Y también una sentencia post- sesión de López Peraza, el protagonista de este pleno de laberinto judicial y amenazas: “todo lo que se ha dicho aquí no vale absolutamente para nada”. No quiso pronunciarse sobre una posible impugnación plenaria.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.55